Interpretación y traducción jurada: origen y evolución

La traducción jurada hace referencia a todo documento de carácter oficial firmado y sellado por su correspondiente traductor jurado previamente nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hablamos de poderes notariales, sentencias, escrituras, títulos o expedientes académicos, certificados de nacimiento… Hasta aquí todo bien pero, ¿cómo nace la figura del traductor jurado?

Si volvemos la vista atrás y nos remontamos al siglo XVI, encontramos la ‘Recopilación de Leyes de los Reinos Indias’. Esta contiene la primera norma conocida que alude directamente al intérprete jurado en la que se contemplan los honorarios a recibir por los servicios ofrecidos. Y es que ya por 1529 se hacía preciso ir dotando de forma a una profesión que, en poco tiempo, se haría indispensable.

Pero, ¿cómo surgió la necesidad de contar con los servicios de un traductor jurado? Todo parte de la expansión del reino de España en el Nuevo Mundo. Por aquel entonces, los indígenas americanos hablaban una infinidad de lenguas, aspecto que dificultaba la gestión de los virreinatos españoles. En este contexto, se hizo imprescindible la presencia de la figura de un intérprete jurado que lidiara con la comunicación en otros idiomas.

Aún así, no fue hasta 1563, cuando la legislación hizo mención explícita a esta profesión recogiendo, en un conjunto de normativas, los honorarios, absentismos y funciones de los traductores e intérpretes jurados que, por aquel entonces, veían restringido su ámbito de actuación a la audiencia para la que trabajaban.

A mediados del S. XIX, con la profesión más asentada, comenzaron los primeros problemas: llegó el intrusismo laboral. Como medida preventiva, las administraciones comenzaron a rechazar cualquier documento que no estuviera debidamente certificado y esto dejó al descubierto el escaseo de traductores jurados habilitados.

¿Qué hicieron entonces? Firmar convenios con varios países para autorizar a las autoridades consulares y, posteriormente, a los corredores intérpretes de buques a realizar traducciones oficiales. Sin embargo, a raíz de unos tratos de favor ofrecidos a estos últimos, los intérpretes jurados realizaron diversas protestas a la administración y, finalmente, la traducción de la documentación mercantil marítima pasó a ser íntegramente de su competencia.

En la actualidad, los intérpretes y traductores jurados basan su actividad en la Ley que se creó el 31 de mayo de 1870. A pesar de la antigüedad de este documento, los principios más básicos de este documento se han ido conservando en los diversos reglamentos a lo largo de los años y, en gran medida, se mantienen en la regulación actual.