La oficina del Defensor del Pueblo inicia una cuesta sobre barreras arquitectónicas

El Defensor del Pueblo considera que la falta de accesibilidad es un problema actual porque limita la autonomía de las personas y sus oportunidades de participación en vías y espacios públicos, así como en la vida social.

Para llevar a cabo este sondeo, la oficina del Defensor del Pueblo, en colaboración con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha diseñado una sencilla encuesta por internet, creada para quienes deseen aportar su propia experiencia. Por ejemplo, los usuarios que utilicen sillas de ruedas podrán dar a conocer su opinión mediante un breve cuestionario online en el portal del Defensor del Pueblo. La institución ha declarado su intención de tener listas las conclusiones antes de que finalice el año, para proceder posteriormente a su presentación en el Parlamento.

Desde la oficina del Defensor del Pueblo animan a todas las personas con discapacidad a participar en la cuesta. Ésta servirá en el futuro como base para plantear nuevas actuaciones y resoluciones a la administración, con el fin de mejorar el día a día de las personas con discapacidad. El organismo, dirigido por Soledad Becerril, ha manifestado en varias ocasiones el aumento de quejas recibidas relacionadas con la existencia de barreras arquitectónicas en edificios, tanto públicos como privados, y en el entorno urbano. Los ciudadanos continúan quejándose en la actualidad de falta de accesibilidad en edificios públicos, sobre todo aquellos usuarios que están en sillas de ruedas. Y es que, a pesar de los esfuerzos que se han realizado, todavía quedan muchas acciones por llevar a cabo en esta materia.

El sondeo iniciado por la oficina del Defensor del Pueblo también pregunta sobre las dificultades que se encuentran las personas con discapacidad en la vía pública. Las deficiencias en aceras, cruces, semáforos, parques o jardines, son algunos de los espacios que más problemas plantean a los usuarios discapacitados. Por otro lado, esta institución no tiene competencias para iniciar actuaciones o mediar en conflictos donde no interviene una Administración Pública, es decir, nunca admite quejas en el ámbito privado, pero facilita información a los interesados. Las quejas que se reciben habitualmente son de personas que requieren de ayudas técnicas para desplazarse y que demandan la falta de adecuación de elementos comunes.

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