FSIE alerta sobre postulados políticos que amenazarían la libertad de enseñanza en Ontinyent

«De nuevo parecen vislumbrarse fantasmas que parecían desaparecidos desde hacía muchísimo tiempo y lo que es peor, muchos de esos fantasmas están siendo promovidos desde posiciones denominadas progresistas, cuando el sector de la enseñanza concertada ve de nuevo cernirse sobre él amenazas hacia los niveles que no están concertados», así explica Evarist Carbonell la situación sobre la que alerta el FSIE Valencia.

Este nuevo comunicado del FSIE se produce en vista de lo ocurrido recientemente en un pleno del Ayuntamiento de Ontinyent, Valencia, en el que no se obtuvo el respaldo unánime para el concierto de las unidades de bachillerato de los dos centros que lo imparten en la población: La Concepción y Pureza María. “Se deduce que no se quiere para la población este servicio que ambos colegios prestan desde hace años”, explica Carbonell, quien añade que “desde FSIE pensamos que los conciertos educativos en todos los niveles educativos y con las diferencias existentes entre las diferentes modalidades, singular y completo, suponen una oportunidad para las familias de poder ejercer la libertad de elección de la enseñanza que desean para sus hijos y que con declaraciones de intenciones como estas, protagonizadas por determinados concejales, queda en entredicho al no poder ejercer su derecho los padres que así lo desean».

Esta situación que se ha producido en esta localidad de la provincia de Valencia podría estar produciéndose en otras localidades de la Comunitat Valenciana, en donde los ayuntamientos no se muestren favorables a apoyar el mantenimiento de la concertación o incluso se pronuncien en contra de la misma. Una realidad en la que, según FSIE Valencia, podría afectar a «varios cientos de profesionales, que pueden ver sus derechos laborales cercenados y a varios miles de padres y alumnos, que no podrían escolarizarse en la opción que consideran mejor para ellos y que se encuentra avalada por la legislación vigente».

«Existe la idea entre algunos colectivos de que la enseñanza ha de ser totalmente pública y que aquellos que quieran enseñanza no pública tienen que pagársela», comenta Evarist Carbonell, que añade que se trata de un «argumento falaz dado que la enseñanza concertada presta un servicio a las familias, que en caso de ser de pago no podrían tener. Con este servicio se uniformiza a la población, al tener todos las mismas oportunidades, no existiendo por tanto discriminación entre personas pudientes y no pudientes, o para ser más claros entre ricos y pobres. Además el servicio educativo que prestan los centros concertados, que es gratuito para todos, es mucho más económico para las arcas públicas que el que se presta en los centros de titularidad pública con lo que se produce un ahorro de costes con la misma eficiencia».

En la otra parte del espectro de la enseñanza se podría ubicar la educación infantil que, afirman, «siendo tan solo concertada a partir de los 3 años, ha encontrado una competencia cuanto menos desleal». «Las unidades de 2 años que se encuentran ubicadas en los centros públicos, son a coste cero para los padres que las utilizan, pero acaban traduciéndose en un elevado coste para la sociedad, ya que para la escolarización de un máximo de 18 niños se emplean un maestro especialista en Educación Infantil y un Técnico de Educación Infantil, lo cual supone un importantísimo desembolso por unidad», explica el potavoz. 

Por eso, desde FSIE se cree en la eficiencia de las becas a coste total, de modo que «si estos niños pudieran utilizar las unidades de 2 años que se encuentran en las Escuelas de Educación Infantil, se conseguiría que este tipo de centros pudiera subsistir y seguir ofertando puestos de trabajo». Así, explican que la competencia se produce cuando, un año después, todos los niños debe pasar por un proceso de escolarización, «mientras que aquellos que ya están escolarizados en éstas unidades públicas de 2 años, quedan exentos de este requisito». 

«Estas unidades de dos años en centros públicos, en principio estaban destinadas a familias sin recursos y así lo publicita la Conselleria, aunque lo cierto es que en algunos casos estas unidades no responden al criterio que inicialmente tenían de índole económica y se llenan con niños cuyos padres no sólo no tienen muchos recursos, sino que incluso son funcionarios docentes o trabajadores del propio ayuntamiento, como han constatado las Escuelas Infantiles privadas de la localidad de Xàtiva. Por tanto, la supuesta esencia de estas unidades públicas no se cumple y se desvirtúa, hasta convertirse en unidades destinadas únicamente a salvar líneas de los centros públicos y a realizar competencia a los centros privados».

Los centros de iniciativa social cumplen una inmensa labor de servicio público dado que a ellos puede acudir cualquier alumno sin discriminación de raza, religión, estamento social o económico. «Solamente deseamos que se deje trabajar a los buenos profesionales de la red de iniciativa social y que los padres puedan ejercer su derecho a la elección del centro que deseen para sus hijos sin ningún tipo de presión ni cortapisa», finalizan desde FSIE Valencia.